El presidente del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) y conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, acompañado por el director insular de Inclusión Social, Andreu Jaume, ha visitado esta mañana las instalaciones de Ca l’Ardiaca, en Palma, para trasladar un mensaje de tranquilidad a las personas que hasta ahora eran atendidas por la Asociación Altruista Es Refugi.
Durante la visita, han explicado a los cerca de 20 usuarios que, a partir de ahora, serán atendidos por la red pública de inclusión social gestionada por el IMAS. «El mensaje es muy claro: ninguna de estas personas quedará desamparada. Desde el IMAS hemos activado todos los mecanismos para que puedan seguir recibiendo atención, alojamiento y acompañamiento desde el sistema público, con todas las garantías», ha afirmado Guillermo Sánchez.
Los equipos profesionales del IMAS ya han iniciado la valoración individualizada de cada caso para ofrecer respuestas adaptadas a la situación personal de cada usuario. «Afrontamos este cambio desde el respeto, la escucha y la profesionalidad, con el objetivo de preservar la dignidad y la tranquilidad de las personas afectadas», ha explicado el conseller de Bienestar Social.
Antes de finalizar su visita, Guillermo Sánchez ha querido poner en valor el trabajo de los equipos internos: «Quiero agradecer especialmente a todo el equipo de la Dirección Insular de Inclusión Social su intensa labor de estos últimos días. Han trabajado con rapidez y rigor para ofrecer una solución con garantías a los usuarios de Es Refugi».
Finalmente, Guillermo Sánchez ha querido reconocer la trayectoria de la entidad: «Quiero expresar mi agradecimiento sincero a Es Refugi por la labor realizada durante más de 30 años. Han sido un referente en la atención a personas sin hogar y han contribuido de manera decisiva a hacer de Mallorca una tierra más solidaria».
Guillermo Sánchez, presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, denuncia que, pese a reconocer la gravedad de la situación migratoria, el Gobierno de España solo ha aprobado un procedimiento administrativo para atender a adultos y ha dejado fuera a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, agravando la saturación del sistema de protección de Mallorca.
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