La consellera de Benestar i Drets Socials y presidenta del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, el director de la Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, Bartomeu Tugores, y la directora insular de Inclusió Social, Teresa Vallespir, firmaron hoy un protocolo de actuación relativo a personas en riesgo de exclusión residencial.

El protocolo firmado define las actuaciones que se deben llevar a cabo en caso de que el Servicio de Expropiaciones del Consell de Mallorca, dependiente del Departament de Territori i Infraestructures, tenga que desalojar edificaciones que constituyan la residencia habitual de este colectivo.

En este sentido, se considerarán personas en situación de exclusión residencial y se podrán acoger a este protocolo aquellas unidades familiares que cumplan una serie de características, tales como:

• Unidades familiares en las que conviven diferentes generaciones y los ingresos provienen únicamente de las personas más mayores.
• Unidades familiares en las que todos sus miembros en edad laboral se encuentren en situación de desempleo y / o haya agotado las presentaciones correspondientes.
• Unidades familiares monoparentales con menores a su cargo
• Unidades familiares en las que alguno de sus miembros tengan una discapacidad igual o superior al 33%.

De esta manera el protocolo establece que cuando las actuaciones de la ADU o el Servicio de Expropiaciones pueden dar lugar al desalojo de una unidad familiar de su residencia habitual, se comunicará a las personas afectadas la existencia de este protocolo y se les informará que deben contactar con el IMAS, organismo que se encargara de analizar si se da esta situación de riesgo.

Una vez recibida la solicitud y la documentación por parte de las personas afectadas, el IMAS debe elaborar un informe para confirmar o no la imposibilidad de éstas para acceder a una vivienda alternativa. En caso de que no dispongan de ninguna alternativa el IMAS trasladará el informe a la ADU, al Servicio de Expropiaciones y al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), que se encargará de buscar una solución alternativa antes de que se produzca el desalojo.