La consellera de Benestar i Drets Socials y presidenta del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, el director de la Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, Bartomeu Tugores, y la directora insular de Inclusió Social, Teresa Vallespir, firmaron hoy un protocolo de actuación relativo a personas en riesgo de exclusión residencial.
El protocolo firmado define las actuaciones que se deben llevar a cabo en caso de que el Servicio de Expropiaciones del Consell de Mallorca, dependiente del Departament de Territori i Infraestructures, tenga que desalojar edificaciones que constituyan la residencia habitual de este colectivo.
En este sentido, se considerarán personas en situación de exclusión residencial y se podrán acoger a este protocolo aquellas unidades familiares que cumplan una serie de características, tales como:
De esta manera el protocolo establece que cuando las actuaciones de la ADU o el Servicio de Expropiaciones pueden dar lugar al desalojo de una unidad familiar de su residencia habitual, se comunicará a las personas afectadas la existencia de este protocolo y se les informará que deben contactar con el IMAS, organismo que se encargara de analizar si se da esta situación de riesgo.
Una vez recibida la solicitud y la documentación por parte de las personas afectadas, el IMAS debe elaborar un informe para confirmar o no la imposibilidad de éstas para acceder a una vivienda alternativa. En caso de que no dispongan de ninguna alternativa el IMAS trasladará el informe a la ADU, al Servicio de Expropiaciones y al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), que se encargará de buscar una solución alternativa antes de que se produzca el desalojo.
Las sesiones, que hasta ahora se realizaban el segundo lunes de cada mes en la sede de Palma, se llevarán a cabo también el primer lunes en la de Inca y el tercer lunes en la sede que el IMAS tiene en Manacor
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