La consellera de Bienestar y Derechos Sociales y presidenta del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, acompañada de su vicepresidente, Javier de Juan, y del director insular de Personas con Discapacidad, José Manuel Portalo, han presentado hoy el nuevo reglamento de la institución insular para la autorización y acreditación de los servicios sociales para personas con discapacidad de Mallorca.
Puigserver ha manifestado que «se trata de una normativa pionera en España para desarrollar los nuevos modelos de servicio basados en apoyos personales y fijar los requisitos de acreditación para que se puedan concertar los servicios de acuerdo con la Directiva Europea sobre concertación social, al tiempo que incorpora los principios de la adaptación a la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, y de la Ley de Servicios Sociales de las Islas Baleares ».
En este sentido, la consellra de Bienestar y Derechos Sociales ha apuntado que «este es el primero de los cuatro reglamentos que queremos impulsar desde el IMAS durante esta legislatura para dar respuesta a la cartera de servicios de esta institución». Puigserver ha asegurado que «el reglamento que presentamos hoy se centra en 4 líneas: añadir valor para las personas, que sea flexible para responder con agilidad a cada necesidad, simplificar y unificar el modelo de prestaciones, y con un alto nivel de exigencia en calidad para las entidades que formen parte de la red pública de servicios sociales para personas con discapacidad de Mallorca ».
Por su parte, el vicepresidente del IMAS, Javier de Juan, ha destacado que «este reglamento se ha elaborado de manera coordinada con todas las entidades y profesionales del tercer sector». De Juan ha finalizado asegurando que «este nuevo reglamento establecerá el marco regulatorio de todos los servicios para personas con discapacidad, tanto públicos como privados, de la isla de Mallorca, al tiempo que supone un instrumento para avanzar en la consolidación definitiva del sistema público de servicios para personas de este colectivo ».
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