El presidente de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) y conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, ha lamentado que el Ministerio de Juventud e infancia no haya permitido votar a las comunidades autónomas los criterios de reparto durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada hoy en Madrid para tratar de manera definitiva la distribución de los niños, niñas y adolescentes migrados llegados a Ceuta y Canarias. «El Ministerio ha utilizado a las comunidades autónomas para cumplir el expediente. El Decreto Ley dice que los criterios de reparto se tienen que aprobar por unanimidad, la reunión se ha mantenido a pesar de que se sabía que no había unanimidad. Al demostrarse que incluso comunidades autónomas con gobierno socialista iban a votar en contra, no se ha permitido la votación por no evidenciar el desacuerdo de la mayoría de los territorios al reparto», ha asegurado.  

La delegación del Consell de Mallorca, encabezada por el presidente del IMAS y las directoras insulares de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias, y de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, Magdalena Ramis, ha seguido de cerca el desarrollo de la reunión que ha acabado sin ningún acuerdo y «hemos recogido con inquietud el planteamiento general expuesto por el Ministerio, que corre el peligro de despersonalizar los menores y tratarlos como cifras, sin considerar ni las capacidades reales de los territorios ni el interés superior del menor» ha afirmado el conseller Guillermo Sánchez. En este sentido, ha añadido, «el Consell reitera que Mallorca recibe semanalmente menores por vía marítima y que el sistema de protección está completamente tensionado, con una sobre ocupación superior al 1.000%».

El conseller de Benestar Social se ha mostrado preocupado por el hecho de que el Gobierno del Estado «haya abordado sin las explicaciones técnicas ni jurídicas necesarias el reparto». «A pesar de la importancia del tema, el Ministerio no ha presentado ningún plan de financiación específica ni tiene en cuenta la situación límite que vive el sistema de protección insular. Faltan criterios claros, la ausencia de garantías pone en riesgo la calidad de la atención y compromete gravemente la capacidad de acogida de Mallorca», ha afirmado.

Paralelamente a esta situación, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha vuelto a dirigir por escrito al Gobierno de España para reclamar la intervención urgente de Frontex, con el objetivo de reforzar el control en el Mediterráneo y frenar la llegada de pateras en la isla.

En esta carta enviada el pasado 30 de abril al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Galmés expresa su «decepción por la carencia de respuesta del Ministerio de Asuntos exteriores, que ya rechazó en marzo activar esta vía y derivó la responsabilidad al Ministerio del Interior». A la misiva, el presidente del Consejo reclama una respuesta «inmediata y decidida» y exige un plan nacional de políticas migratorias que reconozca la ruta de las Baleares, una mayor financiación para compensar el esfuerzo económico insular, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Argelia y un refuerzo urgente de la vigilancia fronteriza ante la creciente presión migratoria».

En este sentido, Guillermo Sánchez ha insistido que «el problema es europeo, la presión migratoria es real y la capacidad de acogida tiene un límite. Reclamamos en el Estado que actúe en origen, que refuerce las fronteras y que asuma su parte de responsabilidad. Mallorca no puede continuar soportando a solas este peso».

Actualmente el IMAS atiende un total de 425 niños, niñas y adolescentes llegados a la isla sin ningún adulto de referencia, 61 han llegado en los primeros 4 meses de este año; el año pasado lo hicieron 368. El conseller de Benestar Social ha querido dejar claro que «el IMAS mantiene su compromiso firme con la protección de la infancia tutelada, independientemente de su origen, aunque reafirmamos la necesidad urgente de una corresponsabilidad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas para afrontar un fenómeno migratorio que afecta directamente los servicios sociales de la isla».