La presidenta del Consell, Catalina Cladera, el conseller de Drets Socials y presidente del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, y la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, han presidido el acto de firma de los nuevos convenios que el IMAS firma con los ayuntamientos de Mallorca para garantizar el bienestar de las personas especialmente vulnerables ante las situaciones derivadas de la Covid.

Representantes de 32 municipios de la isla y de la Mancomunidad del Plan han participado en el acto de firma que se ha celebrado en la sala de plenos del Consejo. Las ayudas tienen por objeto financiar las prestaciones sociales municipales para hacer frente a los efectos provocados por la pandemia durante el 2021. El total de los convenios URCOVID-2021 es de 5.434.793 €, de los que 4.658.394 € los aporta el IMAS y 776.399 € el Govern balear. El dinero se han repartido teniendo en cuenta el factor poblacional. En particular, el número de personas mayores de 65 años y el de menores de 16 que viven en los diferentes municipios de la isla.

«Teníamos claro desde el principio que teníamos que poner más recursos a los servicios sociales municipales y así lo hemos hecho, ampliando los convenios ordinarios con los ayuntamientos, convocando ayudas extraordinarias de emergencia y ahora, con una nueva e importante inyección económica» ha dicho la presidenta Cladera. «Invertimos nuestros remanentes en tener unos servicios sociales municipales potentes que han dado respuesta a las demandas derivadas de la pandemia y lo continuaremos haciendo, mediante la colaboración institucional, porque tendremos que seguir cubriendo las secuelas sociales y económicas de la crisis».

Esta es la segunda línea de ayudas que se firma con los municipios de la isla para hacer frente a necesidad derivadas de la pandemia. En abril de 2020 se firmó con los municipios de la isla un plan urgente de 3,6 millones de euros, 800.000 provenientes del Govern balear y el resto del IMAS, para hacer frente a la emergencia sanitaria. Esta partida, destacó Javier de Juan, «ha llegado directamente a las familias. El 80% del dinero se han destinado a cubrir necesidades básicas y al alquiler. El resto han servido para sufragar refuerzo de personal y compra de material sanitario. Ahora seguimos dando apoyo a la financiación de los servicios sociales comunitarios y esperamos poder llegar a cubrir todas las necesidades ».

Los nuevos convenios permitirán ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar los ingresos suficientes a las familias para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, para cubrir contrataciones laborales (sustituciones, servicios nuevos o personal de apoyo) y proyectos derivados de la emergencia sanitaria, tales como el refuerzo de los servicios de carácter domiciliario, dirigidos principalmente a las personas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia, para compensar el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y similares. Estos servicios comprenden la ayuda en el domicilio de la persona en todas las modalidades, así como el traslado al ámbito domiciliario de los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, etc., por la suspensión de la atención diurna en los centros.

Los convenios, además, prevén la adquisición de medios de protección (EPI), el refuerzo de la teleasistencia y los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y los medios materiales adecuados que posibiliten la ampliación, tanto en tiempo de estancia como en intensidad.

La consejera Fina Santiago ha mostrado el compromiso de la Consellería de Asuntos Sociales y Deportes del Goverrn con los servicios sociales municipales, y ha destacado que «sólo desde la colaboración institucional que somos capaces de ejercer los municipios, el Consell y el Govern hemos podido afrontar la situación novedosa de esta pandemia. Ya empezamos a tener datos de las memorias de los municipios y en algún se llegó a aumentar un 30% la demanda. El papel de los servicios sociales ha sido clave para hacer frente a las necesidades de las familias y gracias al esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales municipales, durante los dos meses de confinamiento desde el Govern pudimos llegar a 6.000 familias con la renta Social Garantizada extraordinaria ».

El IMAS abonará a la entidad local un anticipo correspondiente al 100% del importe previsto en el convenio que cada municipio pueda disponer de la asignación de forma inmediata sin necesidad de una justificación previa de cada gasto. Es decir, la institución adelanta las cantidades asignadas y autoriza el gasto que debe acreditarse posteriormente.