El presidente del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha denunciado hoy que el Gobierno de España «ha decidido dejar de lado una vez más a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, víctimas de la crisis migratoria, y ha remarcado que esta decisión agrava aún más la saturación del sistema de protección de menores en Mallorca».

Ayer el Consejo de Ministros no aprobó una declaración de emergencia o de contingencia migratoria, sino la ratificación de una resolución de la Secretaría de Estado de Migraciones aprobada en agosto. Este acuerdo habilita un procedimiento administrativo más ágil para contratar servicios a través de la Ley de Contratos del Sector Público y permite la contratación de emergencia de recursos para atender a los adultos migrantes que llegan a las islas. En cambio, los menores han quedado excluidos, a pesar de ser el colectivo más vulnerable y el que más presión ejerce sobre el sistema insular.

Esto se produce después de más de un año en el que el Consell de Mallorca y el IMAS han reclamado insistentemente ayudas concretas y recursos extraordinarios ante la saturación. El sistema de protección de menores en Mallorca se encuentra con una sobreocupación del 1150%, más de diez veces por encima de su capacidad real, sin espacios disponibles ni suficientes profesionales, y sin que haya llegado ninguna financiación extraordinaria del Estado. La situación pone en riesgo la calidad y la dignidad de la atención que reciben estos niños y adolescentes.

La falta de apoyo estatal se ve agravada por un reparto propuesto entre comunidades autónomas que ha sido «opaco e injusto, tratando a los menores como mercancía y acompañado de presiones y chantajes institucionales», según ha declarado el presidente del IMAS. Además, el delegado del Gobierno ha hablado reiteradamente de ayudas inexistentes, cifras que nunca se han ofrecido ni al Govern balear ni al Consell de Mallorca.

Finalmente, el presidente del IMAS ha remarcado que «Mallorca no puede quedar completamente sola ante esta situación. Necesitamos recursos, profesionales y espacios para garantizar una atención digna y responsable. Defenderemos siempre que estos niños, niñas y adolescentes tengan una atención con garantías, pero exigimos que el Gobierno español no los siga ignorando».