La presidenta del Consell, María Salom, acompañada por la consellera de Bienestar Social y presidenta del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Catalina Cirer, ha hecho balance de las políticas sociales de la institución durante esta legislatura.
En este sentido, la presidenta ha destacado la gran inversión que se ha llevado a cabo desde la institución insular, y que en estos cuatro años ha supuesto más de 550 millones de euros. Salom ha manifestado que desde la institución que preside se ha llevado a cabo una «buena gestión económica y gracias a la solidaridad del resto de departamentos, la aportación que hace el Consell al IMAS es de casi la mitad de su presupuesto, cuando al inicio de la legislatura esta cifra era del 28%. En este sentido, ha explicado que este año «se ha aprobado el presupuesto más alto de la historia en servicios sociales», y que esta cifra se ha visto incrementada en casi un 20% desde el inicio de la legislatura.
Salom también ha destacado que a lo largo de estos cuatro años «el Consell a través de las diferentes iniciativas y programas realizados con entidades especializadas e iniciativa privada ha sido el apoyo imprescindible para los mallorquines que más lo necesitaban».
La presidenta ha destacado algunos de los programas nuevos que se han puesto en marcha, como el programa Espai contra la exclusión residencial o el programa Aprofita de reparto de alimentos, que son un buen ejemplo de esta nueva gestión y la colaboración con las entidades del sector y la empresa privada.
Por su parte, la consellera de Bienestar Social y presidenta del IMAS ha querido destacar «que las cifras demuestran que no ha habido recortes en servicios sociales», así como «la capacidad del IMAS de adaptarse a las nuevas necesidades ya los nuevos perfiles de usuarios».
Cirer ha querido también dejar patente la diversidad de áreas y usuarios que atienden a los servicios sociales, desde las personas en riesgo de exclusión social, hasta las personas mayores, los menores en situación de desprotección o las personas con discapacidad, y ha destacado la normalización en materia de gestión económica y la constante colaboración tanto a nivel institucional (Gobierno y Ayuntamientos) como con las entidades que trabajan en este campo.
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