El conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, juntamente con  la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y las conselleras de Benestar Social de los Consells de Menorca, Eivissa y Formentera han reiterado al gobierno central que los centros de atención a los menores de las Islas están sobreocupados por encima del 1000 %, con 718 menores migrantes no acompañados atendidos. Fernández ha trasladado esta situación durante la reunión que ha tenido lugar esta mañana con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, y el delegado del gobierno central en las Islas, Alfonso Rodríguez. En el encuentro han participado también los consejeros del Consell Insular de Mallorca, Guillermo Sánchez; de Eivissa, Carolina Escandell; de Menorca, Carmen Reynés; y de Formentera, Cristina Costa.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha calificado la reunión de «infructuosa y frustrante» y ha constatado, tras las declaraciones del delegado del gobierno que «la ayuda del Gobierno Central a través de la cesión de inmuebles es una vía muerta al no disponer éste de espacios para poder atender a los menores migrantes».

Fernández, que ha querido agradecer a Pérez se haya reunido con el Govern y los consells “mientras que todavía estamos esperando que nos responda la ministra Rego”, ha pedido al secretario de Estado que se replanteen el envío a las Islas de 49 menores no acompañados procedentes de Canarias. “Hemos transmitido al secretario de Estado lo que estamos diciendo desde hace meses, y hemos pedido al Ministerio que asuma la responsabilidad de estar repartiendo a niños y niñas sin las garantías de que puedan ser acogidos con dignidad y recursos”.

“La reunión acaba con la sensación de decepción”

“Hemos trasladado al secretario de Estado nuestra preocupación por la situación actual, que no nos permite atender a estos niños y niñas con la dignidad que merecen”, ha dicho Fernández, “y les hemos pedido que, como mínimo, no nos manden los menores de otras comunidades autónomas”.

El conseller de Benestar Social Guillermo Sánchez  ha señalado que «la ayuda por parte del Estado mediante la cesión de inmuebles es ya una vía muerta tras manifestar el propio delegado del gobierno que no disponen de inmuebles en las islas para acoger a menores migrantes”.

Además de la insuficiente financiación por parte del gobierno central, Fernández y los representantes de los consejos insulares han manifestado a Pérez la imposibilidad de atender a más menores por cuestiones de capacidad. “Tanto desde el punto de vista físico, por la falta de espacios adecuados”, ha dicho, “como humano, ya que no se dispone de personal suficiente para atenderles”.

Fernández ha recordado que el Govern ha recurrido, y que se han admitido a trámite, los tres reales decretos ley que regulan el reparto forzoso de menores llegados a Canarias y a Ceuta. “Pero no atienden esta petición”, ha dicho, “y la sensación tras esta reunión es, una vez más, de decepción porque el gobierno central, que es quien tiene las competencias en materia migratoria, no nos ofrece soluciones”.

“Al menos, creemos que el Secretario de Estado ha podido comprobar”, ha dicho la consellera, “que ni este Govern ni estos consejos insulares son racistas, como nos calificó en su día la ministra Rego”.