La consejera de Bienestar Social y presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ha asistido esta mañana a la primera de las reuniones que se harán con el objetivo de estudiar cómo deberán adaptarse los servicios sociales de toda la comunidad a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y que ha sido presidida por la consejera de Servicios Sociales del Gobierno, Sandra Fernández.
Además de Cirer a este encuentro han asistido los responsables y representantes del área de servicios sociales de los consejos insulares de Menorca, Carles Canes; de Ibiza, Mercedes Prats, y de Formentera, Dolores Fernández. Además, han estado presentes también el presidente de la FELIB, Joan Albertí; la edil de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Palma Palma, Aina Ferriol, así como representantes de los municipios con más y con menos de 20.000 habitantes: de Santa Eulària, Aina Maria Costa; de Llucmajor, Antònia Sunyer y de Maria de la Salut, Antoni Mulet.
La finalidad del encuentro es empezar a trabajar para hacer una fotografía real de las competencias y los servicios que se están ejerciendo de manera efectiva en cada una de las instituciones y, posteriormente, estudiar en qué medida puede afectar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local cuando entre en vigor. Hay que recordar que esta Ley establece la obligatoriedad de implantación del nuevo régimen de servicios sociales antes del 31 de diciembre de 2015.
La voluntad de la Consejería es estudiar, de manera conjunta con el resto de administraciones con competencias en este ámbito, cómo llevar a cabo la aplicación de esta norma estatal, teniendo siempre en cuenta la realidad de cada administración y que el objetivo principal es que la prestación del servicio sea la más beneficiosa para la ciudadanía.
En esta primera reunión se ha acordado, entre otras cosas, nombrar un equipo de carácter técnico de cada administración presente hoy para trabajar en esta línea.
El servicio cuenta con 65 plazas concertadas con el IMAS destinadas a fomentar la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad
Representantes de la institución insular visitan la residencia de Son Caulelles para valorar el impacto directo del convenio con el Govern en la calidad de vida de las personas mayores dependientes
El presidente Llorenç Galmés ha participado en esta jornada de convivencia, creatividad y música, que ha reunido a los siete centros de la red y ha reconocido el papel de los CPAP en la promoción de un envejecimiento activo.
El presidente Galmés ha defendido durante la inauguración un modelo que garantice el bienestar, las oportunidades y una atención integral para todos los niños, niñas y adolescentes de la isla
Un encuentro pionero que, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ha dado protagonismo a los testimonios y a los recursos que impulsan una Mallorca más accesible
El programa llegará a las más de 3.200 personas mayores de 65 años que son usuarias de alguno de los siete centros de promoción de la autonomía personal del Consell de Mallorca.
El presidente Galmés ha visitado las obras, que avanzan a buen ritmo, y supondrán la creación de 52 plazas adaptadas al nuevo modelo de atención centrada en la persona, además de mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad del edificio.
El presupuesto del área crece un 7,4 % y consolida la reforma de centros, la apertura de nuevos servicios y el apoyo a los ayuntamientos.
El Consell cede el Teatro Principal para la celebración de este concierto solidario, que permitirá invitar a niños en situación de vulnerabilidad a través del IMAS
El plan incorpora mejoras en los centros, refuerzo de plazas de emergencia e inicia el primer programa específico para jóvenes de 18 a 25 años en situación de calle.
Reflexionar sobre como la sociedad puede contribuir a la recuperación de las víctimas y dar respuesta a sus necesidades ha sido el objetivo principal del encuentro
El presidente del IMAS y conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, destaca que envejecer en buenas condiciones «debe dejar de ser una excepción para convertirse en un derecho universal».