La consejera de Bienestar Social y presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ha asistido esta mañana a la primera de las reuniones que se harán con el objetivo de estudiar cómo deberán adaptarse los servicios sociales de toda la comunidad a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y que ha sido presidida por la consejera de Servicios Sociales del Gobierno, Sandra Fernández.
Además de Cirer a este encuentro han asistido los responsables y representantes del área de servicios sociales de los consejos insulares de Menorca, Carles Canes; de Ibiza, Mercedes Prats, y de Formentera, Dolores Fernández. Además, han estado presentes también el presidente de la FELIB, Joan Albertí; la edil de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Palma Palma, Aina Ferriol, así como representantes de los municipios con más y con menos de 20.000 habitantes: de Santa Eulària, Aina Maria Costa; de Llucmajor, Antònia Sunyer y de Maria de la Salut, Antoni Mulet.
La finalidad del encuentro es empezar a trabajar para hacer una fotografía real de las competencias y los servicios que se están ejerciendo de manera efectiva en cada una de las instituciones y, posteriormente, estudiar en qué medida puede afectar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local cuando entre en vigor. Hay que recordar que esta Ley establece la obligatoriedad de implantación del nuevo régimen de servicios sociales antes del 31 de diciembre de 2015.
La voluntad de la Consejería es estudiar, de manera conjunta con el resto de administraciones con competencias en este ámbito, cómo llevar a cabo la aplicación de esta norma estatal, teniendo siempre en cuenta la realidad de cada administración y que el objetivo principal es que la prestación del servicio sea la más beneficiosa para la ciudadanía.
En esta primera reunión se ha acordado, entre otras cosas, nombrar un equipo de carácter técnico de cada administración presente hoy para trabajar en esta línea.
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