El Ministerio de Juventud e Infancia impulsará una Estrategia Nacional de entornos digitales seguros. 50 expertas y expertos han trabajado un documento pionero que sitúa a España en la vanguardia internacional. Las propuestas incluyen recomendaciones de exposición a los dispositivos móviles en función de la edad. El documento insta a implantar el control parental y herramientas de verificación de edad y a combatir el sharenting.
Madrid, 3 de diciembre de 2024.– El Consejo de Ministros ha recibido hoy el informe encargado por el Ministerio de Juventud e Infancia a un comité de 50 personas expertas independientes con el objetivo de diseñar una hoja de ruta que promueva entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.
El informe incluye un amplio diagnóstico de 150 páginas sobre el impacto de las tecnologías en las personas menores de edad, en el que se analiza, entre otras, la responsabilidad de la industria, la exposición de los niños y niñas en las redes sociales, el papel de las familias y otros actores de la sociedad, y las herramientas de protección.
Además, el comité plantea 107 medidas al Gobierno para su estudio, agrupadas en tres bloques temporales de implantación (corto, medio y largo plazo). El objetivo es que las Administraciones Públicas garanticen un marco de prevención, detección precoz y protección frente a una posible vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia.
En paralelo a la elaboración del informe, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el pasado mes de junio el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, con el objetivo de adelantar las iniciativas que fueran posibles. 35 de las 107 medidas del informe que hoy se presenta ya formaban parte del citado Anteproyecto de Ley Orgánica (sistemas de verificación de la edad o control parental, entre otros). El Ministerio de Juventud e Infancia estudiará el resto de propuestas de cara a su posible incorporación en el trámite del texto o a través de las iniciativas correspondientes.
El ministerio impulsará también una Estrategia Nacional que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes y les permita disfrutar de los beneficios de la tecnología, garantizándoles una navegación segura en la red, priorizando la defensa de sus derechos y ofreciéndoles la posibilidad de participar en la toma de decisiones.
El informe –elaborado de forma altruista, sin coste para la Administración y de forma totalmente independiente por parte de las personas expertas– dota a España por primera vez de un análisis de gran envergadura, que posiciona al Gobierno como un referente mundial en la protección integral de las personas menores de edad en el ámbito digital.
Garantías, protección y derechos
Además del impulso normativo, el informe plantea también recomendaciones a las familias, como las relativas a la protección de niñas y niños de los dispositivos digitales en función de su edad. De este modo, las expertas y expertos plantean “un acceso gradual, lo más seguro, respetuoso con sus derechos de privacidad e intimidad y educativo posible, y adaptado al nivel de madurez y capacidad progresiva”. Las recomendaciones del comité para los distintos tramos de edad son las siguientes:
El informe plantea a su vez medidas de regulación dirigidas al sector de la industria, asumiendo que la autorregulación del sector es insuficiente. En este apartado, destaca propuestas como la configuración por defecto de espacios seguros digitales (control parental) o la obligatoriedad de advertir en el etiquetado de los dispositivos de los riesgos que su uso tiene para la salud, y de elaborar informes de impacto de dichos productos. Además, añade la importancia de reforzar los mecanismos de denuncia y bloqueo, responsabilidad de la industria.
En el ámbito educativo, los expertos instan a la regulación del uso de los dispositivos en los centros educativos. En este apartado, diferencian entre los de uso privado del alumnado (no permitidos en educación infantil y primaria, y limitados como herramientas pedagógicas en secundaria) y los de los propios centros. En estos últimos, se plantea la revisión contrastada de las aplicaciones, la eliminación de los sistemas de gratificación inmediata o el establecimiento de límites por edad, entre otros.
Respecto a la protección de los derechos de las personas más vulnerables (niñas, niños y adolescentes), el comité plantea la regulación de las personas creadoras de contenido –incluyendo los kids influencers– y aboga por la “prohibición expresa de exponer a personas menores de edad en el contenido objeto de su actividad en la red”, independientemente de que esta actividad genere ingresos económicos directa o indirectamente. En este apartado, el comité insta especialmente a regular la práctica del sharenting con menores por parte de personas creadoras de contenido o influencers.
Además, las expertas y expertos desarrollan en su documento la importancia de ampliar los estudios, las investigaciones y la evaluación de los efectos de los sistemas tecnológicos en la infancia, así como de promover campañas de sensibilización educativa, sanitaria y de participación.
Otro de los pilares del informe del comité es el plan de Alfabetización Mediática e Informacional, promovido activamente desde hace 10 años por la Unesco, con el objetivo de dotar a niñas, niños y adolescentes de las destrezas y herramientas necesarias para no estar desprotegidos en los espacios digitales.
Seis grupos de trabajo
El comité, formado por 50 personas independientes y de referencia en diversos ámbitos, está presidido por la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero, y se estructura en seis grupos de trabajo (Salud, Educación, Privacidad, Industria y Consumo, Derechos, Participación y Pornografía/Violencia Sexual), con una presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
El grupo ha contado con representación del Plataforma de Organizaciones de Infancia, UNICEF, Save The Children, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud, Asociación Española de Pediatría, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
También han estado presentes las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos y las entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal, además de especialistas en las áreas de la pediatría, la psicología, la igualdad de género y la protección de la salud mental, así como juristas especializados en la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud.
“Según un estudio de Fundación Mutua, realizado con la colaboración del Equipo Mujer-Menor (EMUME) Central de la Guardia Civil, las formas más frecuentes de violencia sexual en el ámbito digital que afectan a la infancia son recibir imágenes o mensajes sexuales no solicitados, requerimientos insistentes para tener una relación o el acceso no deseado a contenido pornográfico“.
MANIFIESTO DEL OIAM ANTE El INCREMENTO DE DISCURSOS De ODIO, APORÒFOBS I XENÓFOBOS QUE INCLUYEN LA INFANCIA EN MOVIMIENTO
Ante el claro incremento de discursos de odio, iniciativas y propuestas de modificaciones de normativas que tienen una incidencia directa sobre la percepción de los niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Mallorca acuerda la necesidad de manifestarse contra la estigmatización y criminalización, entre otros, del colectivo d´niños y adolescentes extranjeros migrantes no acompañados en las Baleares.
En este momento se produce un fenómeno de estigmatización creciente bajo el concepto negativo de “MENA”; un apelativo que contribuye a ocultar su condición de menores de edad y su condición de niños por ante el hecho de ser extranjeros.
Además, se han dado numerosos casos en los cuales se ha criminalizado estos adolescentes en diferentes ámbitos, el social, el mediático y el político, a través de discursos que los tratan, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público, relacionándolos directamente con la comisión de delitos y de actos violentos. Estos discursos se basan en prejuicios, en generalizaciones o en datos no contrastados y de escasa calidad.
Abogamos porque en ningún caso se dé a entender mediante declaraciones o acciones que un niño migrando no acompañado es sinónimo de delincuencia o de problema de orden público. Una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no-discriminación y la presunción de inocencia, contenidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del nin, ratificada por España. Corremos el riesgo que este tipo de racismo, discriminación y xenofobia, se extienda hacia el conjunto de población migrante residente en nuestras islas, creando problemas reales de convivencia en nuestra sociedad. Pedimos elaborar estrategias preventivas para luchar contra el racismo y la discriminación racial, incluyendo medidas en materia de legislación, concienciación, educación, acción positiva y participación.
La migración continúa siendo, a nivel mundial, un agente que impulsa el desarrollo humano y el crecimiento económico.
Por todo esto, pedimos el siguiente:
a) A los partidos políticos: un compromiso exprés de no usar discursos públicos criminalitzadors y estigmatizadores contra los niños migrantes no acompañados, y apoyo en la adopción de una estrategia nacional para la atención, protección e integración llena en la sociedad de estos nins y muñecas.
b) A la Fiscalía: como garante del superior interés del menor, que investigue la posible existencia de hechos que podrían ser constitutivos de delitos, asegurar y garantizar en todo momento el respecto de los derechos de los niños y jóvenes.
c) Al Gobierno central: la adopción de una estrategia nacional para la atención, protección e integración llena en la sociedad de estos niños y adolescentes en España, así como un plan específico para combatir la estigmatización. Diseñar un plan de actuación que dote de recursos basados en la evidencia científica que pueda orientar los discursos de influenciadors, youtubers y páginas web u otras plataformas digitales que ofrezcan contenidos relacionados. Exigir a las plataformas en línea que acojan estas personas (Instagram, TikTok, etc.) que incorporen en sus códigos de conducta algoritmos que detecten y bloqueen contenidos incompatibles con la Convención de Derechos del Nin. También, desarrollar medidas eficaces para la aplicación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, general de comunicación audiovisual, especialmente del artículo 88 y siguientes referidos a la protección de los menores.
d) En los gobiernos autonómicos y locales: planes contra el racismo, medidas de prevención de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana.
e) A los medios de comunicación: adopción de un código de conducta que evite la estigmatización y criminalización de estos nins y muñecas, y respeten sus derechos sin ningún tipo de discriminación respecto a los niños autóctonos.
f) A la sociedad balear: información veraz sobre estos menores y trabajar proactivamente para fomentar la convivencia con ellos en los barrios y colegios. La seguridad ciudadana es un valor social que hay que salvaguardar, pero no se consigue a través de la criminalización de ciertos colectivos. La seguridad solo se puede conseguir con integración social y convivencia en la diversidad.
Este informe, realizado por Plataforma Infancia España, expone los resultados de la medición del riesgo de pobreza y/o exclusión social entre los menores de 18 años que se realiza mediante el indicador AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion), el cual considera tres componentes principales: el porcentaje de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza según los ingresos del año anterior a la entrevista (pobreza relativa), y aquellos que viven en hogares con carencia material severa o con baja intensidad de empleo en el hogar.
En el documento se expone resultados por comunidad autónoma. En las Islas Baleares índice de riesgo de pobreza alcanza en 2023 el 34,2%, 8 puntos más que en el 2022.
Aquest informe, realitzat per Plataforma Infància Espanya, exposa els resultats del mesurament del risc de pobresa i/o exclusió social entre els menors de 18 anys que es realitza mitjançant l’indicador AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion), el qual considera tres components principals: el percentatge de nens, nenes i adolescents en risc de pobresa segons els ingressos de l’any anterior a l’entrevista (pobresa relativa), i aquells que viuen en llars amb manca material severa o amb baixa intensitat d’ocupació en la llar.
En el document s’exposa resultats per comunitat autònoma. A les illes Balears índex de risc de pobresa aconsegueix en 2023 el 34,2%, 8 punts més que en el 2022.
Este lunes se ha presentado el Plan de Acogimiento Residencial en Mallorca (PARMA) del IMAS. Este plan tiene como reto el establecimiento de objetivos compartidos que se alcanzarán en los próximos cuatro años. Unos objetivos y unas actuaciones concretas y trabajadas de forma participativa por los niños, niñas y adolescentes (NNA) que residen en los diferentes servicios de Mallorca, por los profesionales y por las entidades que hacen posible el mantenimiento de una red residencial de calidad.
La formación a los profesionales ya los NNA, el conocimiento compartido, las intervenciones basadas en la evidencia y la revisión continua de la intervención y la gestión forman parte del Plan de Acogimiento Residencial en Mallorca (PARMA) 2024-2028.
El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección.
El PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y APOYO A LAS PARENTALIDADES EN POSITIVO es una propuesta para fortalecer padres, madres o personas que ejercen esta función, en las prácticas de crianza, educación y socialización de niños y niñas entre los 6 y los 17 años, que permite a los servicios de preservación familiar, ofrecer una intervención integral y de calidad, basada en la parentalidad positiva y la mejora de las competencias parentales.
El pasado 14 de marzo el pleno del Consejo de Mallorca aprobó por unanimidad la presentación de la institución insular como candidata para el Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. Esta iniciativa impulsada por UNICEF España promueve la colaboración de esta entidad con administraciones locales para el desarrollo, mejora continua e innovación de las políticas de infancia y adolescencia.
En este sentido, en el mismo pleno, también se aprobó mantener la promoción del I Plan de la Atención y los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Mallorca (PADIAM) 2023-2028 como herramienta para la planificación de las políticas en infancia y adolescencia y la promoción de sus derechos, desarrolladas desde el Consell de Mallorca.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Save the Children presenta «Silenciadas», una investigación sobre agresiones sexuales en la adolescencia que muestra cómo la construcción de la sexualidad está marcada por la desigualdad y afecta tanto a las chicas como a los chicos, aunque de manera diferente.
Este centro adoptaría el modelo Barnahus de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, que ofrece atención a las víctimas en una unidad centralizada donde existen todos los recursos necesarios para atender los casos.
Más de 1.500 escolares participarán en un encuentro multitudinario en el polideportivo de Son Moix en octubre de 2024 en el marco del proyecto europeo A Ball for All Unified.
La consejera de Salud, Manuela García, y la directora general de Salud Mental, Alicia González, han presentado los resultados de la última encuesta y han explicado las iniciativas impulsadas por el Gobierno para prevenir las adicciones —con sustancias o sin— entre los más jóvenes.