“Save the Children presenta un análisis en el que revisa cerca de 400 sentencias judiciales de casos recientes de abusos sexuales contra la infancia en España
– El estudio señala que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años y que en el 80,3% de los casos analizados la víctima es una niña o una adolescente
– El 96% de los abusadores no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual
– Save the Children recuerda la necesidad de contar con juzgados especializados que garanticen los derechos de las víctimas infantiles de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales.”
– Save the Children presenta un análisis en el que revisa cerca de 400 sentencias judiciales de casos recientes de abusos sexuales contra la infancia en España
– El estudio señala que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años y que en el 80,3% de los casos analizados la víctima es una niña o una adolescente
– El 96% de los abusadores no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual
– Save the Children recuerda la necesidad de contar con juzgados especializados que garanticen los derechos de las víctimas infantiles de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales
Materiales para medios: https://prensasavethechildren.smugmug.com/Nacional/Violencia/Informe-Por-una-justicia-a-la-altura-de-la-infancia
5 de octubre de 2023. En 8 de cada 10 casos de abusos sexuales contra la infancia el agresor es una persona del entorno familiar o conocida del niño o niña, y el 96% de los abusadores no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual. Son datos del último informe de Save the Children. Por una justicia a la altura de la infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España. en el que se han analizado cerca de 400 sentencias judiciales de casos de este tipo de violencia en España.
La organización recuerda que el abuso sexual es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y adolescencia y, además, una de las más ocultas. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes.
“Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15 % de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así”, señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children.
El estudio señala que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años, y que en más del 80% de los casos la víctima es una niña o una adolescente. Además, ha aumentado exponencialmente el tiempo de duración de los procesos. En el periodo analizado anterior, el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los 2 años. Sin embargo, ahora vemos que sólo el 23,5% lo ha hecho en ese mismo intervalo.
Los datos indican también que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta 3 veces en policía, fiscalía y juzgado. Sólo en el 24,9% de los casos consta que se ha utilizado la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones.
Este es el caso de Carmen Corrales, gaditana de 26 años, que ha denunciado haber sufrido abusos sexuales desde los 10 hasta los 14 años por parte de su abuelo. Carmen tuvo que declarar cinco veces ante diferentes instituciones siendo todavía menor de edad. “Durante el proceso yo me sentí súper acompañada por parte de mis padres y de mis hermanas, pero por la justicia y demás, no. A mí nadie me acompañó, nadie me indicó dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer… nada. Declaré, pero me sentí bajo presión”, relata.
Una justicia a la altura de la infancia
Save the Children recuerda que, tal y como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ahora dos años, es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica que marque el camino para esta justicia especializada que pueda garantizar los derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales.
Esto debe concretarse en las siguientes medidas:
• Implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia.
• Creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia, que participe en todos los procesos donde haya un niño o niña víctima.
• Formación inicial y constante de todos los operadores jurídicos.
• La asistencia jurídica a las víctimas, acompañándolas desde el inicio hasta el final del proceso y asegurando su gratuidad en los casos que marca la ley.
Además, uno de los aspectos básicos de esta especialización de la Justicia es la realización de exploraciones y pruebas preconstituidas, con el objetivo de eliminar actuaciones y declaraciones innecesarias y evitar la revictimización de las víctimas.
“La mayor prueba de abuso sexual infantil es la declaración de la víctima. Por eso es fundamental disponer de los recursos adecuados para tomar esa declaración y poder usarla en el juicio. No es justo que un niño o niña tenga que contar lo sucedido en más de una ocasión, y vemos cómo hoy en día todavía es una práctica habitual”, afirma Perazzo.
Casas de los niños
Save the Children apuesta también por implantar en todas las comunidades autónomas el modelo nórdico Barnahus (“casa de los niños” en islandés), un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria.
Desde la apertura de la primera Barnahus en 2020 en Catalunya -en concreto, en Tarragona-, otras comunidades autónomas como Andalucía, Euskadi, Cantabria, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o Navarra están siguiendo el mismo camino. Además, el proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa sobre la Barnahus en España para los años 2022 a 2024 -desarrollado en estrecha colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030-, tiene como objetivo mejorar el marco legislativo y de políticas públicas para introducir este modelo en las distinas comunidades autónomas.
“En la legislatura pasada ya se impulsaron tres proyectos de ley para reformar el sistema de justicia que eran una oportunidad para poder mejorar la atención a la infancia en la justicia española, pero se quedaron parados. Definitivamente, en estos próximos cuatro años hay que conseguir poner todo el sistema judicial a la altura de los niños y niñas”, añade Perazzo.
Sobre Save the Children
Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja en más de 115 países salvando vidas, protegiendo a los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
En España trabaja desde hace más de 30 años con programas de atención centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. Estos programas proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica en la que viven no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.
MANIFIESTO DEL OIAM ANTE El INCREMENTO DE DISCURSOS De ODIO, APORÒFOBS I XENÓFOBOS QUE INCLUYEN LA INFANCIA EN MOVIMIENTO
Ante el claro incremento de discursos de odio, iniciativas y propuestas de modificaciones de normativas que tienen una incidencia directa sobre la percepción de los niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Mallorca acuerda la necesidad de manifestarse contra la estigmatización y criminalización, entre otros, del colectivo d´niños y adolescentes extranjeros migrantes no acompañados en las Baleares.
En este momento se produce un fenómeno de estigmatización creciente bajo el concepto negativo de “MENA”; un apelativo que contribuye a ocultar su condición de menores de edad y su condición de niños por ante el hecho de ser extranjeros.
Además, se han dado numerosos casos en los cuales se ha criminalizado estos adolescentes en diferentes ámbitos, el social, el mediático y el político, a través de discursos que los tratan, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público, relacionándolos directamente con la comisión de delitos y de actos violentos. Estos discursos se basan en prejuicios, en generalizaciones o en datos no contrastados y de escasa calidad.
Abogamos porque en ningún caso se dé a entender mediante declaraciones o acciones que un niño migrando no acompañado es sinónimo de delincuencia o de problema de orden público. Una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no-discriminación y la presunción de inocencia, contenidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del nin, ratificada por España. Corremos el riesgo que este tipo de racismo, discriminación y xenofobia, se extienda hacia el conjunto de población migrante residente en nuestras islas, creando problemas reales de convivencia en nuestra sociedad. Pedimos elaborar estrategias preventivas para luchar contra el racismo y la discriminación racial, incluyendo medidas en materia de legislación, concienciación, educación, acción positiva y participación.
La migración continúa siendo, a nivel mundial, un agente que impulsa el desarrollo humano y el crecimiento económico.
Por todo esto, pedimos el siguiente:
a) A los partidos políticos: un compromiso exprés de no usar discursos públicos criminalitzadors y estigmatizadores contra los niños migrantes no acompañados, y apoyo en la adopción de una estrategia nacional para la atención, protección e integración llena en la sociedad de estos nins y muñecas.
b) A la Fiscalía: como garante del superior interés del menor, que investigue la posible existencia de hechos que podrían ser constitutivos de delitos, asegurar y garantizar en todo momento el respecto de los derechos de los niños y jóvenes.
c) Al Gobierno central: la adopción de una estrategia nacional para la atención, protección e integración llena en la sociedad de estos niños y adolescentes en España, así como un plan específico para combatir la estigmatización. Diseñar un plan de actuación que dote de recursos basados en la evidencia científica que pueda orientar los discursos de influenciadors, youtubers y páginas web u otras plataformas digitales que ofrezcan contenidos relacionados. Exigir a las plataformas en línea que acojan estas personas (Instagram, TikTok, etc.) que incorporen en sus códigos de conducta algoritmos que detecten y bloqueen contenidos incompatibles con la Convención de Derechos del Nin. También, desarrollar medidas eficaces para la aplicación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, general de comunicación audiovisual, especialmente del artículo 88 y siguientes referidos a la protección de los menores.
d) En los gobiernos autonómicos y locales: planes contra el racismo, medidas de prevención de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana.
e) A los medios de comunicación: adopción de un código de conducta que evite la estigmatización y criminalización de estos nins y muñecas, y respeten sus derechos sin ningún tipo de discriminación respecto a los niños autóctonos.
f) A la sociedad balear: información veraz sobre estos menores y trabajar proactivamente para fomentar la convivencia con ellos en los barrios y colegios. La seguridad ciudadana es un valor social que hay que salvaguardar, pero no se consigue a través de la criminalización de ciertos colectivos. La seguridad solo se puede conseguir con integración social y convivencia en la diversidad.
Este informe, realizado por Plataforma Infancia España, expone los resultados de la medición del riesgo de pobreza y/o exclusión social entre los menores de 18 años que se realiza mediante el indicador AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion), el cual considera tres componentes principales: el porcentaje de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza según los ingresos del año anterior a la entrevista (pobreza relativa), y aquellos que viven en hogares con carencia material severa o con baja intensidad de empleo en el hogar.
En el documento se expone resultados por comunidad autónoma. En las Islas Baleares índice de riesgo de pobreza alcanza en 2023 el 34,2%, 8 puntos más que en el 2022.
Aquest informe, realitzat per Plataforma Infància Espanya, exposa els resultats del mesurament del risc de pobresa i/o exclusió social entre els menors de 18 anys que es realitza mitjançant l’indicador AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion), el qual considera tres components principals: el percentatge de nens, nenes i adolescents en risc de pobresa segons els ingressos de l’any anterior a l’entrevista (pobresa relativa), i aquells que viuen en llars amb manca material severa o amb baixa intensitat d’ocupació en la llar.
En el document s’exposa resultats per comunitat autònoma. A les illes Balears índex de risc de pobresa aconsegueix en 2023 el 34,2%, 8 punts més que en el 2022.
Este lunes se ha presentado el Plan de Acogimiento Residencial en Mallorca (PARMA) del IMAS. Este plan tiene como reto el establecimiento de objetivos compartidos que se alcanzarán en los próximos cuatro años. Unos objetivos y unas actuaciones concretas y trabajadas de forma participativa por los niños, niñas y adolescentes (NNA) que residen en los diferentes servicios de Mallorca, por los profesionales y por las entidades que hacen posible el mantenimiento de una red residencial de calidad.
La formación a los profesionales ya los NNA, el conocimiento compartido, las intervenciones basadas en la evidencia y la revisión continua de la intervención y la gestión forman parte del Plan de Acogimiento Residencial en Mallorca (PARMA) 2024-2028.
El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección.
El PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y APOYO A LAS PARENTALIDADES EN POSITIVO es una propuesta para fortalecer padres, madres o personas que ejercen esta función, en las prácticas de crianza, educación y socialización de niños y niñas entre los 6 y los 17 años, que permite a los servicios de preservación familiar, ofrecer una intervención integral y de calidad, basada en la parentalidad positiva y la mejora de las competencias parentales.
El pasado 14 de marzo el pleno del Consejo de Mallorca aprobó por unanimidad la presentación de la institución insular como candidata para el Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. Esta iniciativa impulsada por UNICEF España promueve la colaboración de esta entidad con administraciones locales para el desarrollo, mejora continua e innovación de las políticas de infancia y adolescencia.
En este sentido, en el mismo pleno, también se aprobó mantener la promoción del I Plan de la Atención y los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Mallorca (PADIAM) 2023-2028 como herramienta para la planificación de las políticas en infancia y adolescencia y la promoción de sus derechos, desarrolladas desde el Consell de Mallorca.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Save the Children presenta «Silenciadas», una investigación sobre agresiones sexuales en la adolescencia que muestra cómo la construcción de la sexualidad está marcada por la desigualdad y afecta tanto a las chicas como a los chicos, aunque de manera diferente.
Este centro adoptaría el modelo Barnahus de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, que ofrece atención a las víctimas en una unidad centralizada donde existen todos los recursos necesarios para atender los casos.
Más de 1.500 escolares participarán en un encuentro multitudinario en el polideportivo de Son Moix en octubre de 2024 en el marco del proyecto europeo A Ball for All Unified.
La consejera de Salud, Manuela García, y la directora general de Salud Mental, Alicia González, han presentado los resultados de la última encuesta y han explicado las iniciativas impulsadas por el Gobierno para prevenir las adicciones —con sustancias o sin— entre los más jóvenes.
El pasado 25 de enero se realizó en el Parlamento de las Islas Baleares el acto anuario de la Juventud de las Islas Baleares 2023.
La sexta edición de la publicación recoge un conjunto de trabajos que tratan diferentes aspectos de la realidad y las iniciativas de las personas jóvenes de las Islas Baleares, desde una mirada inclusiva y participativa.
El acto contó además en la conferencia “La crítica a los jóvenes, tan antigua como la propia filosofía” presentada por Andrea González Henry, psicóloga y presidenta del Consejo de la Juventud de España.